El sistema arbitral de consumo sirve para resolver los conflictos que surjan entre consumidores y empresas, sin olvidar las siguientes limitaciones que impiden que no puedan ser objeto de arbitraje:

  • Si hay intoxicación, lesión, muerte o existan indicios de delito. Tampoco se admiten a trámite las causas sobre las que exista una resolución judicial firme.
  • En caso de que la discusión afecte a materias sobre las que las partes no tienen poder de libre disposición, por ejemplo cuestiones sobre el estado civil de las personas.
  • Si las partes no tienen capacidad de obrar o no pueden actuar por si mismas.

FASES

El arbitraje se desarrolla en varias fases:

  • El primer paso para cumplimentar una solicitud de arbitraje es rellenar el formulario específico de la Junta Arbitral, en el mismo aparecen habilitados espacios destinados a los datos personales del reclamante, a la exposición de los hechos y pretensiones del mismo.

Debe ser claro y conciso, concretando la petición, y debe ir acompañado de la documentación que estime necesaria (facturas, contratos, publicidad)

Una vez que la solicitud llega a la Junta Arbitral de Consumo su presidente puede resolver:

  • Admitirla a trámite, si cumple todos los requisitos exigidos en la ley. La admisión puede ser recurrida por ambas partes (consumidor o empresario) ante la Comisión de Juntas Arbitrales de Consumo o a través de la Junta Arbitral de consumo. Si la empresa está adherida al Sistema Arbitral de Consumo mediante Convenio en la Junta Arbitral, se le dará traslado de la solicitud de arbitraje para que realice cuantas alegaciones estime oportunas o proponga un acuerdo con la parte reclamante.
  • Rechazarla, si no cumple los requisitos exigidos por la ley. La normativa que regula el Arbitraje de Consumo no permite utilizar este medio de resolución de conflictos cuando los litigantes son dos empresas, autónomos o profesionales. Igualmente, serán rechazadas las solicitudes en las que los conflictos versen sobre intoxicación, lesión, muerte o aquellos en que existan indicios racionales de delito, incluida la responsabilidad por daños y perjuicios directamente derivada de ellos. También serán rechazadas las que resulten infundadas, es decir, las que no justifiquen adecuadamente los hechos reclamados, y aquéllas en las que no se aprecie afectación de los derechos y legítimos intereses económicos de los consumidores.
  • Requerir al reclamante la subsanación de la solicitud, si no reúne los requisitos mínimos exigidos en la ley, para lo cual se concederán quince días hábiles. Si no se efectúa la subsanación se desestimará la solicitud.
  • Admisión de la solicitud

    Una vez admitida la solicitud y aceptado el arbitraje, si las partes no han llegado a ningún acuerdo como consecuencia de la mediación previa de la Junta Arbitral de Consumo, se designará al órgano arbitral que ha de conocer el asunto y se citará a las partes al acto de audiencia. El órgano arbitral podrá ser, bien un Árbitro Único propuesto por la Administración o por las partes de común acuerdo, bien un Colegio Arbitral formado por tres árbitros (uno a propuesta de la Administración, otro a propuesta de las asociaciones de consumidores y usuarios, y otro a propuesta de las organizaciones empresariales).

Celebrada la audiencia, a la que se citará al consumidor y a la empresa reclamada para que aleguen lo que estimen conveniente, el órgano arbitral dictará un laudo en el que se decidirá la cuestión y que será de obligado cumplimiento por ambas partes.

Contra este laudo arbitral sólo cabe presentar Recurso de Anulación ante la Audiencia Provincial donde tenga su sede la Junta Arbitral en el plazo de dos meses desde que se notificó el mismo o, en su caso, su aclaración.

Las causas para ello serán:

  1. Que el convenio arbitral mediante el cual la empresa se adhirió al Sistema Arbitral de Consumo no existe o no es válido. Por convenio arbitral se entiende el documento en el que las partes en conflicto manifiestan su voluntad de resolver las controversias que puedan surgir o hayan surgido en una relación jurídica de consumo a través del Sistema Arbitral de Consumo.
  2. Que no ha sido debidamente notificada la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido hacer valer sus derechos.
  3. Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión.
  4. Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo fuera contrario a la ley, o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta ley.
  5. Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.
  6. Que el laudo es contrario al orden público.
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